La encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, compareció ante diputadas y diputados de la LXV Legislatura, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del organismo. Además de dar un informe pormenorizado de las acciones implementadas durante su gestión, respondió las preguntas formuladas en las dos rondas que marca la norma vigente.

En la primera ronda y en nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado José Manuel Pozos Castro preguntó sobre el parentesco familiar de la encargada de la FGE con una supuesta informante del anterior titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, el lugar que ocupa Veracruz en materia de feminicidios, qué hace el órgano autónomo para combatir estos delitos, la adjudicación directa a empresas de Baja California, el estado de las investigaciones sobre el operativo en la localidad de Tepetzintla, municipio de Atzalan, y la privación de la vida del ciudadano Matías Romero.

La funcionaria dijo no negar el parentesco: “A la familia no se le elige, a los amigos sí y soy responsable de lo que yo haga y de mis palabras”. Por otra parte, indicó que, a su llegada a la FGE, existían 142 carpetas relativas a feminicidio y que, tras una reclasificación, se validó que solamente 100 correspondían a este delito. Expuso que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Veracruz ocupa el primer lugar en este ilícito y que la FGE trabaja en la capacitación y coordinación para reducir estos índices.

Asimismo, dijo que el contrato relativo a una empresa de Baja California correspondió a la anterior gestión y que ella se apega a lo que indique el Subcomité de Adquisiciones. En el tema de Atzalan y del ciudadano Matías Herrera puntualizó que, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, debe guardar la secrecía correspondiente, toda vez que existe una investigación en curso.

Por el Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV), la diputada María Josefina Gamboa Torales cuestionó el nombramiento del ciudadano Samuel López como director de la Policía Ministerial, aun cuando es originario del estado de Nuevo León. También pregunto de qué manera se cerciora de lo que hacen los policías y ejemplificó el caso de tres elementos recién procesados que estaban en activo, la calidad moral para asumir el cargo de Fiscal General y sobre la empresa de Baja California y si la adjudicación directa fue durante su gestión.

La Fiscal dijo haber invitado al ciudadano Samuel López en virtud de su trayectoria, capacidad y profesionalismo y que la manera de cerciorarse del buen desempeño de los policías ministeriales, fiscales y periciales es a través del ejemplo. Aseguró haber asumido el cargo y encontrado una institución dañada y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la acción de inconstitucionalidad, promovida por un partido de este Congreso.

A una segunda intervención de la legisladora Gamboa Torales en relación con la adjudicación directa de siete contratos por un monto de 15 millones de pesos (mdp) y los exámenes de control de confianza a altos mandos de la actual gestión, la Fiscal reiteró que los procesos se realizaron en la anterior administración y que ella se apega a lo que resulte del Subcomité de Adquisiciones. Por otra parte, explicó que se realizó el examen respectivo a 87 servidores públicos y que sólo faltan seis, dos de nuevo ingreso y cuatro que tienen una incapacidad.

“De mi resultado, tengo entendido, el Presidente de este H. Congreso ya fue notificado y, por ley, el resultado no se da a quien se le aplica; siempre se informa al superior”, expuso.

El diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Omar Guillermo Miranda Romero cuestionó a la encargada de la Fiscalía sobre cuáles serían los alcances, en caso de que se diera una nulidad parcial o absoluta de su nombramiento y la revocación de éste por las autoridades jurisdiccionales por no haber sido otorgado conforme a derecho.

Hernández Giadáns respondió que asume con total responsabilidad el encargo que la Diputación Permanente de la LXV Legislatura del Congreso del Estado le confirió y, mientras no haya una sentencia definitiva por parte de la SCJN, continuará procurando justicia basada en las leyes y los reglamentos.

El diputado Jorge Moreno Salinas, integrante del Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), preguntó a la encargada de la Fiscalía qué avances hay de las investigaciones sobre los recientes homicidios de actores políticos veracruzanos.

A ello, la funcionaria respondió que, desde que se tiene conocimiento de los hechos, ha instruido a los peritos, ministeriales y fiscales atender debidamente cada una de estas investigaciones, que hay avances en cada uno y no quedarán impunes.

Ante los cuestionamientos del diputado Alexis Sánchez García, del Grupo Legislativo Mixto de Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución Democrática (MC-PRD), la funcionaria respondió que en el caso de la ciudadana Karime Macías no puede revelar detalles; sin embargo, es conocido que está en proceso de extradición por autoridades federales y se está en la espera de una audiencia el 16 de noviembre de este año para definir dicho proceso.

Asimismo, reafirmó su parentesco con Guadalupe Hernández Hervis y aseguró que dicha relación sanguínea fue mencionada durante su evaluación en el examen de confianza y añadió que tiene más de 30 años que no tiene contacto con dicha persona.

Respecto al caso del periodista Celestino Acosta, la encargada de despacho dijo que, al momento, una persona se encuentra vinculada al proceso y está por ejecutarse una más.

Destacó que existe una Fiscalía Coordinadora Especializada en Temas de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, que llevó a cabo 837 visitas durante 2019. Además, se han fortalecido las actividades y capacitaciones en prevención del delito y a autoridades municipales, así como el otorgamiento de asesorías jurídicas en lengua materna. Indicó que se cuenta con 10 intérpretes en zonas indígenas, nueve fiscalías itinerantes, dos fiscales que hablan su legua en su región y además se han brindado 260 atenciones a internos en ceresos de origen indígena.

Del mismo modo, la diputada Florencia Martínez Rivera, del Grupo Legislativo Del Lado Correcto de la Historia, cuestionó acerca de la reestructura de diversas áreas de la FGE, en especial a la Dirección de Servicios Periciales, además de las necesidades a mejorar en todas las áreas.

Verónica Hernández aseguró se está realizando un trabajo en la reestructura de las labores que se desempeñan en las áreas de acuerdo con las aptitudes, capacidades y perfiles de los funcionarios. Del mismo modo, se implementó un control de bitácoras de trabajo de los peritos, control y restricción de fugas de información, así como el contacto de los peritos con partes, abogados, aseguradoras y funerarias, entre otras.

Dentro de las necesidades, mencionó la creación de más plazas para periciales, sin embargo, se ha fortalecido el equipo de identificación humana, además de haber homologado salarios, se ha iniciado la dotación de tecnología y vehículos con la debida distribución de gasolina. En cuanto al área de desaparecidos, continuó la funcionaria, se integró la participación de arqueólogos y antropólogos en solicitud de los colectivos.

La legisladora de Morena, Deisy Juan Antonio, preguntó cuántos de los tres mil mandamientos judiciales son del sistema inquisitivo y cuántos del sistema acusatorio, información que la Fiscal se comprometió a entregar en el plazo legal de las 48 horas.

Por otra parte, el legislador de Morena, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, planteó cuestionamientos que, dijo, son resultado de peticiones ciudadanas. En primer término, sobre la visión de perspectiva de género y las acciones al respecto, por qué no ha habido cambio de fiscales regionales en Río Blanco e Ixtaczoquitlán y sobre la suspensión de búsqueda de desaparecidos en un predio de la región de Orizaba.

La Fiscal dijo que la perspectiva de género es un tema trascendental y que se replica en los órganos autónomos y en las dependencias de la entidad. Añadió que los cambios de adscripción de fiscales continuarán conforme a las necesidades y que se fortalecerá la procuración de justicia. Indicó que hay trabajo de la FGE con colectivos de desaparecidos y que se ha reiniciado la búsqueda en predios donde ya había buscado la anterior gestión.

La diputada de Morena, Magaly Armenta Oliveros, preguntó a la compareciente si a su llegada a la Fiscalía encontró en los contratos registrados en el área de recursos humanos casos relacionados con familiares de diputadas y diputados de la Legislatura local. A ello, la encargada de la FGE se comprometió a dar respuesta por escrito a este cuestionamiento en el plazo establecido.

El legislador de Morena, Raymundo Andrade Rivera, cuestionó sobre los sueldos que percibían los anteriores fiscales General y Anticorrupción. Sus salarios netos, respondió Hernández Giadáns, oscilaban entre los 53 mil y 59 mil pesos, sin embargo, contaban, dijo, con gratificaciones extraordinarias que variaban de los 90 a los 240 mil pesos mensuales.

En respuesta al cuestionamiento de la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, la encargada del órgano autónomo aseguró que en la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales se ha logrado un avance en un 44.5 por ciento, por encima de lo realizado con anterioridad, y que esto se debe al nombramiento adecuado de las personas y funcionarios comprometidos con el bienestar y la procuración de justicia para los veracruzanos.

Ante los cuestionamientos de la representante de la bancada ANV, diputada Judith Pineda Andrade, la funcionaria dijo que se ha fortalecido el Centro de Evaluación de la FGE y que de los seis servidores públicos que aún no se han evaluado dos corresponden a funcionarios de nuevo ingreso y cuatro se encuentran en incapacidad permanente para laborar; asimismo, ninguno de ellos corresponden a los 16 altos mandos del órgano autónomo.

Destacó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es autónoma a la propia FGE, por lo que las investigaciones para el caso del diputado Erik Iván Aguilar López se llevarán a cabo conforme a la Ley. Aseguró que ni éste ni ningún otro caso quedarán impunes, ya que los servidores públicos deben respetar las leyes y hacerlas cumplir.

A la intervención de la diputada Jessica Ramírez Cisneros, la funcionaria aseguró que las investigaciones acerca de los robos a negocios en el sur del estado llamados “cortinazos” están en curso, ya se logró la detención de dos personas y no se dejará ni un solo caso sin atender. Los detalles de las investigaciones –precisó- se mantienen bajo la secrecía del caso.

Hernández Giadáns manifestó que la información solicitada en esta comparecencia por el diputado Rubén Ríos Uribe respecto a los medios informativos y de comunicación que fueron contratados por el anterior titular de la FGE, así como los montos económicos que recibieron, se encuentra en revisión y validación.

Rosalinda Galindo Silva, diputada de Morena, preguntó a la encargada del despacho de la Fiscalía cuál fue el rezago que encontró en materia de identificación de restos humanos en Servicios Periciales y qué avances hay.

En respuesta, la compareciente señaló que al llegar a ese órgano, había un registro de 952 cuerpos sin identificar, y que en estos cuatro meses se dieron a la tarea de confrontar la base de datos que existía con los restos sin identificar en cada uno de los semefos de la entidad, de lo que resultó que no era ésta la cifra, sino que eran mil 44 cuerpos sin identificar.

La legisladora Margarita Corro Mendoza, también de Morena, centró sus cuestionamientos en torno al abigeato y en qué se ha hecho para frenar este ilícito en la entidad. Respondió la funcionaria que se dará seguimiento a cada una de las carpetas sobre este delito, que en 2019 se registraron 414 denuncias en todo el estado y que trabajará al lado de las asociaciones ganaderas brindándoles asesoría.

A los requerimientos del diputado del PRI-PVEM, Antonio García Reyes, en relación con los delitos de homicidio, violación y secuestro, la funcionaria refirió que en 2019 se registraron mil 772 homicidios y que la FGE trabaja para reducir este índice. Confirmó 47 carpetas de investigación por el delito de violación y que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del SNSP, el delito de secuestro en la entidad va a la baja.

A las nuevas preguntas de la diputada María Josefina Gamboa Torales, la encargada de la Fiscalía respondió que en ninguna nota periodística se reveló información sobre la carpeta de investigación que se le sigue al diputado Erik Iván Aguilar López y dijo que, en caso de detectarse alguna irregularidad, se actuará conforme a la ley. Agregó que la anterior administración se asignó compensaciones por más de 200 mil pesos mensuales. Además, se comprometió a entregar, conforme a la ley, el informe al resto de las preguntas.

Finalmente la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui enfocó sus cuestionamientos al tema de la atención a las familias de personas desaparecidas, a lo que la encargada de la FGE informó que, a partir de septiembre de 2019, se contrató a seis fiscales especializados, 20 policías ministeriales, dos psicólogas para atención de las víctimas, un arqueólogo, un antropólogo y agentes ministeriales para la búsqueda en vida. Asimismo, se comprometió a entregar por escrito cada uno de los expedientes con los perfiles de estas contrataciones.

La funcionaria agregó que se han llevado a cabo 10 reuniones regionales con la participación de los colectivos de cada región, cuatro reuniones con el Gobernador y representantes de los colectivos, en las cuales hay presencia de la Fiscalía, procurando el cumplimiento de los acuerdos a los que se ha llegado. Aseveró que, de no ser así, las puertas de la Fiscalía están abiertas para atender este tema en particular.

Tras el desahogo de las dos rondas de preguntas y respuestas, el diputado José Manuel Pozos Castro agradeció a la compareciente y, siendo las 15:33 horas, concluyó la comparecencia.