La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, compareció ante diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Estado, de conformidad con lo establecido en la Carta Magna estatal. A través de la lectura de un informe, rindió cuentas sobre las acciones implementadas durante el año y respondió los cuestionamientos de las y los legisladores.

Durante la primera ronda y en nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Deisy Juan Antonio preguntó acerca de los avances de las quejas por acoso sexual y qué acciones ha implementado por las recomendaciones no aceptadas de diversos órganos. La Presidenta del órgano autónomo informó que son siete, de las cuales cuatro están en integración y tres en visitaduría para la resolución correspondiente y que, en los casos necesarios, se han aplicado las medidas cautelares a las presuntas víctimas.

Por otra parte, Matzumoto Benítez subrayó que, ante las recomendaciones no aceptadas, sugieren a la víctima interponer el recurso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que, en caso de una reiteración de no aceptación, se estaría en lo dispuesto por la ley, notificando a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado para que llamen a la autoridad correspondiente y explique los motivos.

Del Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV), la diputada Montserrat Ortega Ruiz se refirió a la actuación del titular de la Secretaría de Salud del estado (SS), Roberto Ramos Alor, y posteriormente preguntó si hay alguna queja sobre la falta de medicamentos oncológicos y las quejas en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) por dilación en la integración de la carpeta de investigación.

La funcionaria precisó que la CEDH puede pronunciarse en relación con las acciones u omisiones de una autoridad, más no en lo abstracto, y confirmó que hay una queja de oficio ante la falta de medicamentos, misma que fue ratificada por tres padres de familia de pacientes afectados.

Indicó que en 2019 se registraron 15 recomendaciones a la FGE por dilación en las investigaciones y que, en el caso de tortura, el dato lo tendría la misma Fiscalía, aunque –abundó- sí hubo recomendaciones al mismo órgano autónomo y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

La diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Nora Jessica Lagunes Jáuregui, preguntó cuántos convenios y acuerdos interinstitucionales se han firmado en materia de igualdad y cuáles han sido los resultados de esto.

La presidenta de la CEDH respondió que se realizaron 383 acciones en materia de igualdad, entre éstas, la firma de cuatro convenios.

El diputado Antonio García Reyes, del Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), cuestionó a la compareciente sobre la disminución, en los meses recientes, de solicitudes de intervención de migrantes.

Matzumoto Benítez respondió que, al paso de los migrantes por la entidad, se han atendido 280 solicitudes de intervención, que han derivado en dos recomendaciones y que, hasta el momento, no se han recibido nuevas solicitudes.

La representante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución Democrática (MC-PRD), diputada Brianda Kristel Hernández Topete, cuestionó acerca del grado de cumplimento de las autoridades a las recomendaciones que realiza el organismo.

Namiko Matzumoto dijo que el IPAX es la instancia que más rechazo ha presentado, toda vez que de dos recomendaciones las dos han sido rechazadas. Destacó que en proporción, aunque la FGE y SSP también no han aceptado dos recomendaciones, por el número no se puede catalogar entre las que más han rechazado.

Reconoció que en este año sí disminuyó el grado de cumplimiento de ciertos puntos recomendatorios, en función de disculpas públicas, privadas y compensaciones. En cuanto a Coatzacoalcos, el caso lo atrajo la CNDH, debido que la víctima decidió que este caso fuera llevado por este organismo.

Ante los cuestionamientos de la diputada María Candelas Francisco Doce, del Grupo Legislativo Del Lado Correcto de la Historia, Namiko Matzumoto señaló que los instrumentos de monitoreo consideran en sus variables la brecha salarial entre hombres y mujeres. Agregó que la medición de estas variables permitirán conocer el trabajo compartido y cómo se promueven en los municipios las políticas públicas con perspectiva de género.

Asimismo, señaló la funcionaria, se cuenta con programas de capacitación permanente referentes a este tema y otros más, ya que es parte de la labor de la Comisión para garantizar y respetar los derechos humanos.

Dijo que el tema puntual de la incidencia de suicidio en jóvenes escapa de la competencia de la Comisión; sin embargo, sumando al área especializada de niños, niñas y adolescentes, se cuenta con valoración y contención de impacto, a fin de verificar y precisar las afectaciones psicosociales que presentan las víctimas.

Además, los organismos de derechos humanos cuentan con el mecanismo de monitoreo de los derechos humanos para personas con discapacidad, el cual pretende determinar cómo han avanzado las políticas públicas para la atención y respeto de los derechos planteados en la Convención de la Naciones Unidas. Agregó que a través del Comité de Vigilancia y Aplicación se da seguimiento a su implementación en las dependencias estatales y municipales.

Raymundo Andrade Rivera, diputado de Morena, dijo que el estado de Veracruz, por su situación geográfica, es paso obligado de migrantes, ante lo cual preguntó qué ha hecho la CEDH para atender a las y los migrantes, en especial niñas, niños y adolescentes; además de la sistematización del nivel de violación de derechos humanos.

La respuesta fue que la CEDH atendió 280 solicitudes de intervención de personas migrantes registrando 126 gestorías, 103 orientaciones y 11 quejas. Además, iniciaron dos quejas de oficio y se emitieron 162 constancias de vulnerabilidad a nacionales de 10 países.

Indicó que dan acompañamiento a las caravanas de migrantes, a fin de evitar que sus derechos humanos sean vulnerados por autoridades estatales o municipales. Expuso que se determina el índice de riesgos como alto, medio o bajo, en relación con el número de habitantes y de quejas de derechos humanos de cada lugar.

A una segunda intervención de la diputada Montserrat Ortega Ruiz, respecto a la queja presentada por diputados del Partido Acción Nacional (PAN) sobre los hechos suscitados el 3 de septiembre de 2019 en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de las acciones de la CEDH para coadyuvar en los cambios legales, la funcionaria sostuvo que el procedimiento es confidencial, pero, al tratarse de una persona involucrada, refirió que existe el procedimiento de queja y que los visitadores estuvieron ese día y levantaron los datos respectivos.

Dijo que la queja está en trámite, turnada a visitaduría y en breve se emitirá el proyecto. Precisó que coadyuvan con los colectivos de desaparecidos en la elaboración de iniciativas como, por ejemplo, la Ley de Desaparición Forzada, la de Declaración de Ausencia y últimamente plantean reformas a esta última ley.

Por otra parte, refirió que en el penal de Poza Rica es donde más se vulneran los derechos humanos de los reclusos y que además no cumple con las disposiciones, toda vez que se encuentra dentro de la ciudad y enfrente de una escuela.

El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico cuestionó a la compareciente sobre qué acciones jurídicas se han llevado a cabo en el nivel nacional para que las comisiones de Derechos Humanos no emitan simples recomendaciones y tengan fuerza coercitiva para que esas recomendaciones se cumplan.

La Presidenta señaló que no tiene conocimiento de alguna acción en este sentido, dado que, en primer término, habría una duplicidad de funciones al variar la naturaleza de las resoluciones de las comisiones.

Rosalinda Galindo Silva, diputada de Morena, preguntó a la titular de la CEDH en torno a la situación real de las cárceles y cuáles fueron las observaciones más relevantes realizadas por esa Comisión.

Respondió que se han encontrado deficiencias que pueden impactar en el ejercicio de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad que, no por estar en esa situación, pierden todos sus derechos, sino simplemente aquellos que están determinados en una sentencia, así como en infraestructura.

Por último, a la intervención de la diputada Florencia Martínez Rivera, la titular de la CEDH aseguró que algunas de las estrategias y acciones a favor de los colectivos es el acompañamiento permanente a los familiares de las víctimas de desaparición a cualquier gestión que sea solicitada por ellos, toda vez que los familiares de personas desaparecidas también son víctimas.

Aseguró que la CEDH ha trabajado cabalmente para dar cumplimiento a lo señalado en las Alertas de Violencia de Género, como un actor estratégico que coadyuva con las autoridades encargadas de ejecutar las políticas públicas y acciones a la que las alertas hacen referencia, a través de la capacitación con perspectiva de género para funcionarios estatales. Además, a invitación del gobierno estatal, ha participado en la ejecución de las mismas.

Finalmente, Namiko Matzumo Benítez dijo que la CEDH ha recorrido 105 municipios con el modelo de capacitación a servidores públicos beneficiando a más de 270 funcionarios, fortaleciendo con ello la protección a los derechos humanos desde los municipios. Además –agregó- la Comisión se ha vinculado con más 63 organizaciones de la sociedad civil, internacionales, nacionales y locales, lo cual ha sido de gran beneficio, pues desde la sociedad se inicia el trabajo para proteger y respetar los derechos humanos.

Al agotarse las dos rondas de preguntas y respuestas, el diputado Alexis Sánchez García agradeció la presencia de la titular de la CEDH y, a las 19:55 horas, concluyó la comparecencia.